Todos los gobiernos rechazan, expulsan, echan a sus «extranjeros». «No hay que confundir generosidad con laxitud [...]. Nosotros no pagaremos el desempleo de los inmigrados». Éstos son hoy en día los propósitos que la burguesía tiene. Hace más de veinte años, estimulaba la inmigración. Desde que dejó de serle rentable, esta fuerza de trabajo es tirada a los basurales de la sociedad. El solo hecho de su existencia, de sus necesidades elementales, es, para los sátrapas que nos gobiernan, una gran carga.
En la RFA, el gobierno «liberal» se encarga de aplicar los últimos reglamentos, tomados por el ex ministro socialdemócrata, que tienen como principio lapidario «el estimular por todos los medios el regreso a sus países de los inmigrados». Los dignos hijos de los «perros sanguinarios», Noske y Scheideman, sólo pueden ofrecer, a los dos millones de turcos que viven aún en Alemania, los fusiles y los campos militares en Turquía.
En Estados Unidos se limitan el número de inmigrados a 450.000; se imposibilita el empleo de personas que no son norteamericanas, o portadoras de una autorización como residentes provisorios, mientras que existen entre 14 y 15 millones de ilegales y es por centenas de millares de hombres y mujeres y niños, que llegan escapando de la desocupación, de la represión y de los campos de batalla de América Latina y de los campos de trabajo forzado de Cuba, Haití, Vietnam, Camboya, Guatemala, El Salvador, Nicaragua.
La nueva legislación belga que está en proceso de preparación es explícita en lo que concierne el clima de represión y reestructuración que se expande por todas partes: casi supresión de permisos de trabajo con duración ilimitada y su reemplazo por permisos de trabajo (y por consiguiente de estadía) otorgados por un sólo patrón y para una sola actividad.
Los socialistas franceses, y sus homólogos trotskistas demócratas, se han hecho los propagandistas de vanguardia de esta campaña internacional del capital. Y esto hasta tal punto, que Estados Unidos e Italia se inspiran en el método «socialista» de expulsión de los inmigrados para reforzar sus propios proyectos.
Es, llevando adelante el principio «de los derechos de los trabajadores inmigrados»,«la regulación de los 'sinpapeles'», la «lucha contra la inmigración clandestina», que el gobierno francés, en colaboración estrecha con la policía de los estados de origen de los inmigrados, con la ayuda de organizaciones humanitarias y políticas de inmigrados, ha sistematizado el fichaje, el señalamiento, el cierre de fronteras, constituyendo un enorme dispositivo represivo. Al gobierno, la operación de regulación le permite terminar definitivamente con toda nueva entrada de trabajadores: los candidatos para la regulación tienen que presentar una prueba de residencia en Francia antes de enero de 1981. Ayudado por la división en categorías y la competencia entre los obreros, el gobierno limita toda posibilidad real de trabajar en Francia: los candidatos deben justificar un contrato de trabajo de un año, lo que excluye a los desempleados, los precarios y los eventuales (1). Peor aún, la «regularización» sólo es temporal y sólo es válida por un año, lo cual significa la amenaza de expulsión al finalizar el plazo, el chantaje político de la renovación del permiso de trabajo y estadía. De ahora en adelante, todo el que se perfile como un «revoltoso» será automáticamente expulsado. Contra toda la charlatanería democratoide que pretende presentarnos esta regulación como respondiendo a los intereses de los inmigrados, digamos claramente que el chantaje que la regulación institucionaliza, no hace más que reforzar la explotación tanto de los trabajadores «regulares» como la de los «clandestinos». «Comparada a las cifras de 300.000 clandestinos en Francia, la regulación de 130.000 personas puede ser considerada como un triunfo; sin embargo, la ley será aplicada con todo el rigor!» (2) (Antoin, Ministro de Estado de Asuntos Sociales y de la Solidaridad Nacional, 14/l0/1982).
«Los derechos de los trabajadores inmigrados» constituye otra de las armas de la burguesía para promover la división de los trabajadores por categorías, desarrollar el racismo y el nacionalismo. La «igualdad de derechos» es otorgada al obrero inmigrado que responde a los criterios de buen ciudadano francés, al que defiende el interés nacional, la justicia social y la legalidad de la madre patria. «La seguridad del trabajador francés» permite la caza «de los enemigos del derecho de la nación», que realiza la operación de cerrada de fronteras y control de identidad. Los 7.000 agentes de la policía nacional, los 2.000 gendarmes y los 1.500 policías fronterizos, nuevamente afectados a través del plan «antiterrorista», tienen coma tarea esencial la caza de los inmigrados y otros proletarios «ilegales». Mitterand ha declarado claramente que combatirá a todo aquel que promueva la violencia y que no respete el orden democrático.
El movimiento por «los derechos de los trabajadores inmigrados» no sólo reconoce la ideología subyacente a la regularización, sino que trata de estimular al proletariado inmigrado para que la reconozca y la fortifique entre los obreros: ser un sujeto agradecido al Estado burgués para tener trabajo, estar dispuesto a aceptar los sacrificios que le imponga su situación precaria, y ser el agente y el blanco del racismo y del nacionalismo a través de su apoyo a las medidas de interés nacional.
El fichaje, las restricciones salariales, el licenciamiento de los «malos elementos», el aislamiento de aquellos que no acepten las medidas de austeridad, la dispersión de todos aquellos que no tienen nada que perder pero todo a ganar en la lucha..., que golpea más violentamente hoy a los inmigrados, amenaza a toda la clase obrera, socava su unidad y su fuerza. El interés general de la clase coincide con el interés específico de los sectores más violentamente golpeados del proletariado. Los inmigrados, que en todas las grandes luchas constituyeron parte de la vanguardia del proletariado en Europa, no tienen nada que ganar con el desarrollo de una lucha específica y aislada por los «derechos de los inmigrados», que además los condena (especialmente a los más decididos) a vivir bajo el chantaje y el desangre de las expulsiones. Por el contrario, como parte más golpeada por la crisis del capitalismo, tiene interés general en luchar contra todos aquellos que quieren hacer de su lucha una lucha aparte, en ligar sus reivindicaciones a las reivindicaciones de todo el proletariado, en luchar contra todas las medidas de represión, contra el fichaje, contra las expulsiones, contra la reglamentación de los «sinpapeles», contra los controles y la prepotencia policial en los metros y las fronteras, junto con sus hermanos de clase. Esto sólo se puede hacer de una manera, mostrando prácticamente que es una misma lucha, y sólo se muestra prácticamente que es una misma lucha cuando los objetivos de la lucha sobrepasan las categorías, y por lo tanto cuando cada vez que se fijan objetivos que conciernen a los inmigrados, se acompañan de objetivos que interesan a todos los proletarios: la lucha general contra las condiciones de trabajo, contra el trabajo eventual y precario, contra sus agencias, contra la represión, contra los fichajes y los controles policiales en la calle... Contra el interés sagrado de la «nación», contra todos los sacrificios que impone el respeto de la economía capitalista, contra el Estado burgués, su legalidad, su orden, su justicia.
Organicemos esta lucha internacionalista contra los actuales e incesantes golpes de la burguesía, contra las campanas nacionalistas por los «derechos de los inmigrados», «la reglamentación de los 'sinpapeles'» y su realización: el chantaje y las expulsiones.
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Notas
1. Hoy, todo trabajador nuevo es precario, eventual. Se calcula en más de 2.000.000 los que trabajan en esas condiciones en Francia.
2. La cifra de 300.000 es una subestimación y se refiere sólo a los trabajadores, sin incluir la familia. En general se admite que hay más de un millón largo de personas no registradas.